HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA

Hoy más que nunca toma relieve aquello que en su día dijo un alcalde jerezano sobre que la Justicia en este país era un cachondeo. Sin embargo, no es un cachondeo que los doctos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) hayan decidido paralizar en el Senado la tramitación de una ley de forma apriorística.

La previsible resolución adoptada por el TC, según la adscripción partidista e ideológica de sus miembros, no impide la tramitación de la esencia de la ley que modifica los delitos de sedición y malversación, sino elimina la parte que compete al propio TC respecto a la renovación de sus cargos de aquellos magistrados cuyos mandatos están caducados, como la del propio Presidente del alto tribunal.

Que unos magistrados se sientan cómodos siendo jueces y partes en una deliberación es jurídicamente lo más parecido a un cachondeo.

La paradoja de todo esto es que, precisamente, el tribunal garante del cumplimiento de la Constitución, no solo ha avalado el incumplimiento de la misma al admitir a trámite el recurso presentado por el PP, sino que la incumple al paralizar la tramitación de una ley que procuraba la renovación de los magistrados cuyos mandatos en el TC están caducados tal como indica nuestro ordenamiento constitucional.

Ahora se comprende mejor que nunca por qué el PP se ha negado sistemáticamente, poniendo toda clase de excusas, al mandato constitucional de renovación del Consejo del Poder Judicial y por ende del Tribunal Constitucional. La derecha pretende, y ahora ha conseguido retorciendo al limite la independencia judicial, que lo que no puede numéricamente ganar en el Parlamento hacerlo en el TC, gracias a esa mayoría de jueces conservadores que solo responden a las consignas partidistas de quien lo llevaron a ese Tribunal y en contra de toda normalidad democrática.

Los magistrados componentes del TC, en general, y más concretamente los denominados conservadores han quedado absolutamente deslegitimados parea ostentar el cargo que ocupan al quedar patente que no fueron designados por sus altos conocimientos jurídicos, sino por ser fieles servidores a los que los propusieron en su día, pasándose la independencia judicial por el foro de sus caprichosos llegando al limite de originar un choque institucional sin parangón en nuestra democracia.

Lo que ha pasado en el TC, demuestra que nuestro país tiene un problema con la Justicia o más concretamente con gran parte de la Judicatura que se ha ido larvando paulatinamente al dejarse contaminar políticamente hasta el punto que ella misma ha convertido lo de la independencia de la Justicia en papel mojado, en soflama que todos sueltan y en la que ya nadie cree, ni los propios jueces y magistrados. Problema que no solo se pone en evidencia en los altos tribunales, sino también en cualquier tribunal de cualquier otro juzgado, por recóndito que este sea. Lo que demuestra que el problema no solo es de adscripciones políticas, sino de origen, esto es, en la elección y formación de los magistrados, jueces y fiscales.

Ahora lo que toca, más allá de grandes proclamas y manifestaciones grandilocuentes es ponerse a trabajar en una reforma de la renovación de los altos tribunales y del propio Consejo del Poder Judicial que garantice la independencia de la Justicia y para que aquellos jueces y magistrados que quieran hacer carrera en la judicatura no sea demostrando su afinidad política e ideológica a través de sus resoluciones judiciales.

Puño en Alto

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